El ayuntamiento de Parla ha solicitado declarar la ciudad como Zona Residencial Tensionada
Mes y medio después de la entrada en vigor del Índice de Precios de Referencia del alquiler, se evidencian diferencias significativas en su implementación en distintas regiones de España. En Cataluña se han declarado zonas de mercado residencial tensionado desde hace meses. En el resto del país la solicitud de esta declaración es escasa y enfrenta resistencia política, especialmente en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.
Hasta el momento, solo una docena de municipios en España (fuera de Cataluña) ha solicitado oficialmente la declaración de zonas residencialmente tensionadas. Entre estos se encuentran Parla, Fuenlabrada, Getafe, Alcorcón y Ciempozuelos en la Comunidad de Madrid. En diferentes regiones como Rentería en el País Vasco, Las Palmas de Gran Canaria en Canarias, Gijón en Asturias y La Coruña en Galicia.
Parla, entre la docena de municipios fuera de Cataluña que lo ha solicitado
Sin embargo, ninguna de estas solicitudes se ha concebido debido al rechazo de partidos como el PP, el PNV y Coalición Canaria, que gobiernan las comunidades autónomas respectivas. Se oponen a intervenir en los precios del alquiler. El PP, por ejemplo, ha presentado recursos ante el Tribunal Constitucional contra la ley de vivienda. Un recurso que ha generado tensiones adicionales en el ámbito político.
En algunas regiones como Asturias, donde solo el municipio de Gijón ha demandado la declaración de zonas tensionadas, el gobierno autonómico ha optado por encargar estudios para definir estas áreas. Mientras que en el resto del país el PP se niega a hacerlo, generando conflictos con los ayuntamientos liderados por el PSOE.
Ante esta situación, Sumar ha registrado una PNL en el Congreso de los Diputados. Insta al Gobierno a reformar la ley de vivienda para permitir que los municipios soliciten la declaración de zonas tensionadas subsidiariamente si la comunidad autónoma no lo ha hecho pasados seis meses desde la petición. Esta propuesta busca resolver los conflictos y garantizar una aplicación más equitativa del Índice de Precios de Referencia del alquiler en todo el territorio nacional.
En resumen, la aplicación del Índice de Precios de Referencia del alquiler en España está generando tensiones políticas y conflictos entre diferentes partidos y administraciones. Está evidenciando la complejidad de regular el mercado del alquiler y garantizar un acceso justo a la vivienda en todo el país.